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La Obligada Prudencia


Por: José Francisco Peña Guaba

PERIODISMO360RD.- Las leyes de Partidos y de Régimen Electoral pasaron por tramites congresuales de
casi quince años de duración. Lamentablemente, las leyes resultantes dejan mucho
qué desear, presentan contradicciones entre sí y en su estructura interna, además de
que varias de sus disposiciones son de difícil interpretación y armonización.
Una de las confusiones inducidas por la redacción contradictoria de varios artículos de
la Ley Electoral, es el relativo al arrastre de senadores y diputados, situación que acaba
de ser ¿resuelta? por la Junta Central Electoral asumiendo que en 26 provincias no
divididas por circunscripciones no haya arrastre, y en las 6 provincias en las que sí hay
circunscripciones que el arrastre se mantenga.
La solución sin duda que ha crispado los nervios de la mayoría. Ciertamente, que no
haya arrastre en ningún lugar es lo idóneo, porque el sistema político pasaría al
máximo grado de personalización del voto.
Las realidades políticas, sin embargo, son claras en el tema del arrastre. Todos
sabemos que el interés de los legisladores no fue quitarlo. Digamos que el asunto se
produjo por la rapidez con la que se aprobó la Ley Electoral.
Se ha denunciado que permitir el arrastre en provincias que acumulan
aproximadamente el 59% de la votación nacional, es para favorecer a determinados
senadores. El argumento obvia el hecho de que el sistema adoptado por la JCE
modifica sustancialmente la forma de integración de casi el 82% del Senado de la
República. En efecto, 26 de 32 senadores van sin arrastre, de manera que
necesariamente los competidores en esas 26 provincias deberán desarrollar
estrategias políticas totalmente diferentes a las que actualmente utilizan, abriendo una
brecha importante para todos los partidos.
La Junta Central Electoral puede haber rendido una decisión conflictiva, pero sin duda
se trata de una decisión que pretende encontrar el equilibrio y que se basa en la
redacción de la ley.
En efecto, en la circunscripción electoral –la demarcación geográfica que contiene los
votos necesarios para elegir representantes municipales y congresuales– los votos que
se emitan por un candidato no pueden ser computados a favor de otro, dispone la ley, y
de inmediato hace la excepción de que sí se computen los votos a favor del senador.
Aunque la idea del arrastre es nefasta y nadie la quiere, la realidad es que está
instituida por la misma ley. En consecuencia, la solución de admitir el arrastre en las
provincias divididas en circunscripciones no resulta descabellada. Al contrario, la
vemos como equilibrada.

Viendo el asunto desde la óptica de que los miembros de la JCE son designados por el
Senado, esta es, entonces, una decisión valiente, demostrativa de entereza y valor,
porque los miembros de la JCE han decidido a unanimidad en contra del deseo
expreso de aquellos que los designan.
El arrastre en 6 provincias no es, necesariamente, una ventaja para el partido de
gobierno, puesto que se ha permitido precisamente en provincias en las que existe una
clase media extendida, que participa en los procesos electorales y que suele exigir
planes y programas como forma de dar su respaldo político.
En cuanto al tamaño de las provincias en las que se mantiene el arrastre, interviene un
elemento no ponderado o no considerado en su debida naturaleza: al ser
demarcaciones con tantos votos, el costo de la campaña es extraordinariamente alto,
tanto que un candidato a senador que concurra solo difícilmente podría cubrirlo, esto
es, participando sin la concurrencia de los diputados. Se trata de una simbiosis, en la
que los candidatos a senador y diputados se ayudan mutuamente.
Suele decirse que lo que es igual no es ventaja. Los partidos opositores tienen que
tomar conseguir mayor respaldo de partidos mediante la formación de alianzas,
proponer candidatos a diputados que sean populares en sus demarcaciones, para que
sumen al senador. Esto sólo puede hacer la diferencia. No le es fácil en estas
provincias tan grandes generar, gestionar candidatos a senadores, ya que actualmente
no existen liderazgos personales conocidos para ese nivel de elección, o no existe en
todas las provincias, por lo que el apoyo y concurrencia de los diputados es de
importancia determinante para el triunfo electoral.
La solución dela JCE no es óbice para que cualquiera que entienda que debe ser total
la eliminación del arrastre acuda al Tribunal Constitucional. Si se logra esa victoria
seria, a fin de cuentas, porque la JCE lo eliminó en 26 provincias.
Es necesario comprender que en los momentos actuales, tomar posiciones
irreductibles nos conduciría a enfrentamientos no solamente innecesarios, sino que
políticamente obren reduciendo la capacidad de maniobra de la JCE y permitiendo que
los partidarios del arrastre unifiquen posiciones en torno a la aprobación total, para
todas las provincias, de ese modelo perverso y negativo de elección. Ya hay aprestos
para modificar la Ley Electoral y reintroducir el arrastre en todas las provincias.
Es por ello que sugerimos a todos mantener la calma, analizar el asunto con la frialdad
que caracteriza al liderazgo político cuando se trata de superar crisis coyunturales, y
actuar con la obligada prudencia que el caso amerita.

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